Durante la pandemia por COVID-19 en 2020, según la CEPAL, la tasa en mujeres latinoamericanas y caribeñas fue de un 46%. Lo que la deja muy por debajo en comparación a las cifras del 2019, que tuvo un 52%.
La pandemia generó un retroceso de más de una década en los avances logrados sobre participación laboral de mujeres, en América Latina y el Caribe. Esto lo comunicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su último Informe sobre COVID-19.
Según la CEPAL, la tasa en 2020 fue de un 46%. Lo que la sitúa por debajo del 52% alcanzado en 2019. Esto provocó que, según el organismo, alrededor de 118 millones de mujeres latinoamericanas se encuentren en situación de pobreza. 23 millones más que en 2019.
La baja en la participación, se explicaría por la enorme salida de mujeres de la fuerza laboral. Cuya principal razón sería el tener que atender las demandas de cuidados en sus respectivos hogares. Lo que se tradujo en que muchas de ellas no pudieron volver a buscar un trabajo remunerado.
En el caso de Chile, el país fue uno de los más afectados de la región en el sector de empleo doméstico. Cuyos niveles de ocupación en esta área cayeron un 44,4%. Este sector desde antes de la pandemia ya se caracterizaba por una alta precarización, y por la imposibilidad de ser realizado de forma remota.
Sobre esto, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, enfatizó en que “América Latina y el Caribe deben invertir en la economía del cuidado y reconocerla como un sector dinamizador de la recuperación, con efectos multiplicadores en el bienestar, la redistribución de tiempo e ingresos, la participación laboral, el crecimiento y la recaudación tributaria”.
Bajo estas cifras alarmantes, es fundamental reforzar las políticas de empleo en los diferentes países del sector. Con el fin de asegurar la participación de las mujeres en el mercado laboral, junto a condiciones decentes.
Promover la igualdad de género en este sector evitaría la profundización de los niveles de pobreza que presentan las mujeres, y la sobrecarga de trabajo no remunerado. Además de que ayudaría a mejorar las condiciones económicas generales de los países, que se vieron afectadas por la pandemia del COVID-19.
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